Julio de 2002: La Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las pésimas condiciones en que estaban alojados los chicos en el IRAR. El Juzgado de Menores N°2 de Rosario observa “el estado deplorable de los pabellones, constatándose falencias edilicias estructurales como filtraciones y humedad, celdas mal olientes, sucias y desordenadas…”.

2004: En el marco de un programa de prevención del VIH – Sida que llevó adelante la CTC, y según encuestas que miembros de la organización realizaron a menores de 18 años alojados por causas penales en comisarías e institutos de Rosario, los chicos relataron que frecuentemente eran golpeados por personal policial, unas veces en el momento de la detención y otras —una vez ya detenidos— para lograr confesiones.  Un 95% de los chicos consultados manifestó haber recibido golpes o torturas por parte del personal policial, y en el 60% de los casos se detectaron secuelas tales como dificultad respiratoria (producto de golpes en el pecho y en las costillas), dolores renales, dificultad para orinar, rodillas hinchadas y molestias que perduran aún después de mucho tiempo de haberse producido las lesiones.

Abril de 2006: La CTC realiza una visita al IRAR y en su informe detalla: “Los sectores permanecen con basura amontonada en cantidad de días, variables según la decisión de algún operador de retirarla. Las celdas no tienen luz. Es decir que cuando se cierran a las 22 horas, los chicos se quedan a oscuras hasta la mañana. En cada celda hay inodoros pero no hay agua. En el sector A hay inodoro y agua pero las cañerías son absolutamente deficitarias razón por la que se tapan con mucha facilidad. Por otra parte las cañerías están conectadas al sector B, hecho que acelera el taponamiento. Esta situación acumula gran cantidad de materia fecal, provocando olor nauseabundo y presencia de moscas, ratas y todo tipo de insectos que deambulan por el baño y el salón de “esparcimiento”. Los chicos nos cuentan que cuando por el taponamiento de las cloacas sobrenada la materia fecal,  las ratas acuden en cantidad. En todos los sectores las paredes están impregnadas de hongos y suciedad de todo tipo. En cualquier lugar donde alguien se apoye queda embadurnado con una sustancia pegajosa y de olor fuerte”.

Junio de 2006: En el marco de un Programa Nacional Anti Impunidad, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, personal de ese organismo visitó el IRAR y observó: “Sólo uno de los nueve inodoros funcionaba mientras el resto permanecía tapado y emanando olores nauseabundos”. Tras advertir que los alimentos se sirven en el mismo sitio, en el informe de junio señalan: “Esta situación es particularmente grave porque en las horas en las que permanecen encerrados los chicos tienen que hacer sus necesidades en una bandeja o en una botella”. También observan que en las celdas no hay luz artificial.  “La falta de mantenimiento —concluye el informe— conspira contra los Derechos más elementales de los niños, en particular el Derecho a la Vida, la Dignidad y la Integridad y a la Salud; todos ellos establecidos en los Artículos 8º, 9º y 14º de la Ley 26.061”.

Septiembre de 2006: La Defensoría de la Pueblo de la Provincia de Santa Fe inició un Habeas Corpus correctivo  por la situación de los chicos alojados en el IRAR. El Juez de Instrucción de la 10ª Nominación de la ciudad de Rosario, inspeccionó el lugar y ordenó al Gobierno provincial la clausura inmediata de cuatro pabellones de ese instituto. “Hay que verlo para creer –observó el juez–. Niños penalmente inimputables y jóvenes que humillantemente y a falta de otro recurso deben deponer sus restos fisiológicos sobre bandejas o dentro de botellas de plástico”. El magistrado calificó a esos lugares como “sitios inhabitables”.

Abril de 2007: Un adolescente de 16 años ingresa al IRAR y luego de ser trasladado a un sector donde pidió no se lo llevara (por problemas de convivencia que sabía lo esperaban allí), se producen incidentes y con ellos un incendio en el que el chico termina con el 80% de su cuerpo quemado. Murió al día siguiente. En pocas palabras, el estado provincial no pudo garantizar su vida y su integridad ni por un día. La CTC relata este episodio en un informe donde también denuncia que el 20% de los chicos presos en el IRAR eran menores de 15 años “en expresa violación  de los Art. 1 y 2 de la Ley 22.278 (Régimen Penal de Menores) y el Art. 19 de la Ley 26.061, siendo responsables de esta situación los distintos Jueces que continúan aplicando medidas tutelares propias de un régimen que fue expresamente derogado por la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes”.

Mayo de 2007: La Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe ordena al Poder Ejecutivo local (expediente 575/07) el traslado inmediato de los chicos alojados en el IRAR a un lugar en condiciones de salubridad y que se efectúen las reparaciones necesarias en el instituto. También intima al gobierno el reemplazo del personal policial que está a cargo de los internos por personal especializado. Y exige la conformación de una Comisión de Seguimiento, con participación de las organizaciones sociales, que se ocupe de verificar el cumplimiento de esas resoluciones.

Septiembre de 2008: La Coordinadora de Trabajo Carcelario elabora un informe que remite al Poder Ejecutivo provincial, a la Corte Suprema de Justicia de la provincia y  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí observan que “no se visualizan políticas planificadas de contención y seguimiento para quienes han podido recuperar su libertad”. También señalan “que la institución está en manos del Servicio Penitenciario Provincial quien no solo se ocupa de la seguridad y los traslados, sino que además maneja desayuno, almuerzo, merienda y cena; salidas a los patios; trato con las familias; salidas a los talleres; uso del teléfono, en resumen controla la cotidianeidad del establecimiento en todos sus aspectos”. Ante esta situación las autoridades provinciales dijeron que “el Servicio penitenciario no se iba a retirar” y que no veían la necesidad de un cambio urgente.   
Bajo la autoridad y el manejo del Servicio Penitenciario —señala la CTC— se reiteran el “abuso de poder, las torturas psicológicas; encierro por tiempo indeterminado; no respeto por el horario de la visita; encierro absoluto; incumplimiento de los horarios de patio (luz del sol) falta de atención medica; golpizas, amenazas verbales”. También agregan que a estos abusos se sumó ahora “la venta de servicios, llámese estupefacientes a los menores por parte del Servicio Penitenciario a cambio de zapatillas y objetos de valor, estimulando el robo y las peleas entre los mismos jóvenes. Continúa el encierro nocturno, sin luz y sin agua, de 23hs hasta 8hs. Las flagelaciones y autolesiones que se infringen los niños han aumentado con motivo de su mayor desatención”.

Marzo de 2009: Un Habeas Corpus Correctivo  presentado por una fiscal derivó en una orden de la jueza Carolina Hernández para el cierre del un pabellón del IRAR por las condiciones infrahumanas en las que estaban los chicos allí alojados. El 9 de marzo de 2009 a las 16 hs ingresa Claudio A. de 17 años al pabellón A,  a las 18 hs es retirado del mismo e internado en el Hospital Centenario, después de una golpiza que lo deja en coma. Recién a las 21hs es comunicado el hecho al juez en turno.