Resumen del informe
Informe presentado ante la ONU sobre la aplicación en Argentina de la Convención

Presentación
Salud
Educación
Legislación
Violencia Institucional
Pobreza

Presentación

Los informes del Estado y de las ONG.
El monitoreo del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño se lleva
a cabo mediante un sistema de informes presentados por los Estados Partes al comité
de Expertos de DD.NN. de la ONU, quien tiene la responsabilidad de examinar la
situación de la infancia y las obligaciones de los Estados. Así mismo, el Comité
recaba información escrita procedente de fuentes no gubernamentales. El objetivo es
que los informes no gubernamentales logren revisar las diversas medidas adoptadas
para armonizar la legislación y las políticas públicas a la Convención.

La información que se presenta a continuación sintetiza el informe no gubernamental
que este Colectivo ha elaborado. Este, fue redactado teniendo en cuenta que el
informe elaborado por el Estado argentino –presentado en el año 1999- es meramente
descriptivo y no considera analíticamente la situación real de la infancia. En este
sentido, la presentación de nuestro informe intenta abordar tanto las cuestiones que el
informe gubernamental no analiza, como señalar y corregir aquella información que
resulte incorrecta.

Salud

Tasa de mortalidad infantil (TMI):
En el año 2000 fue de 16,6 por mil nacidos vivos. Se duplica en mujeres que tienen 6
o más hijos. Aumenta en madres adolescentes y es inversamente proporcional a su
grado de instrucción.

Embarazo adolescente:
La fecundidad adolescente en el país es de 31,3 por mil. La información muestra que
el nivel socio económico tiene directa implicancia en las consecuencias del parto
adolescente. Por otro lado cabe mencionar que la muerte materna se explica en un 35,6%
por abortos mal efectuados mal efectuados y en un 57,6% por causas obstétricas.
Respecto del uso de métodos anticonceptivos, se observan diferencias significativas en
la proporción de usuarias actuales según la edad: en el grupo de 15 a 18 años
(adolescentes) esta proporción varía entre el 31% y el 45%, mientras que en el resto de
las mujeres en edad fértil esta proporción varía entre el 53% y el 68%.
HIV/Sida:
La población más vulnerable son niños, niñas y adolescentes entre 13 y 20 años. La
prevalencia en mujeres ha ido aumentando y cada vez en edades más tempranas. Podría
atenuarse el riesgo a través de información, educación sexual y con elementos
necesarios, los cuales, en muchos casos, son inaccesibles, así como los gastos en
medicamentos y los traslados para su asistencia.

Educación

Necesidades especiales:
No existen planes nacionales ni provinciales (con excepción de Chaco) para instalar
una política de inclusión educativa. Algunos centros de día que los albergan tienen
como objetivo la asistencia social más que la educativa.

Repitentes y rezago:
Estos dan cuenta de los problemas de desempeño en el sistema educativo y constituyen
un fuerte predictor del abandono futuro de los estudios, esto se encuentra fuertemente
asociado al nivel de ingreso de los hogares. En las zonas urbano marginales y rurales
existe una alta tasa de repitencia y ausentismo debido a que los niños y niñas no pueden
compatibilizar sus estudios con su situación socio familiar que en muchos casos obliga
al niño a tomar tareas del hogar, por ausencia de la madre, en incluso salir a trabajar.
Con las madres adolescentes en particular, el sistema ejerce una selectividad negativa,
quedan en su mayoría excluidas por falta de apoyos específicos para su nueva situación.
Nivel de rezago y repitencia primaria por quintil socioeconómico:
En el caso de las comunidades aborígenes estos índices son elevados, ya que no existe
la planificación e inversión necesarias para lograr una educación que apoye y respete
sus culturas.

Legislación

Legislación:
Habiendo transcurrido doce años de la ratificación de la CDN, no existe a la fecha, una
ley nacional que se corresponda con los lineamientos de ésta, recepcionada mediante la
ley 23.849 en 1990, e incorporada a la Constitución Nacional, en 1994. Las prácticas
institucionales y judiciales siguen replicando el modelo del patronato y la vulneración a
los derechos que este escenario conlleva. Este modelo y sus leyes (10.903, dec/ley
22.278 de la última dictadura), aunque inconstitucionales, habilitan la concepción del
niño como objeto de “protección judicial”, la anulación y violación de todas las
garantías procesales de las que gozan los adultos, la judicialización de la pobreza y el
invento de la categoría del “riesgo social” como justificativo de la intervención estatal
coactiva. Entonces la respuesta estatal para los niños pobres no es otra que la
judicialización, institucionalización, penalización y revictimización.

Violencia institucional:
Gatillo fácil. Esta práctica, que implica la aniquilación por parte de las fuerzas policiales
de cualquier persona considerada “sospechosa”, tiene como víctimas privilegiadas a los
pobres y a los jóvenes. Estas muertes, que implican no pocas veces verdaderos
fusilamientos callejeros, están amparadas por una total impunidad. De los aproximada-
mente 1.050 casos de ejecuciones extrajudiciales y tormentos seguidos demuerte
ocurridos entre 1983 y 2001, denunciados por la Correpi en el mes de diciembre de
2001, y atribuibles a agencias estatales (Policía Federal, policías provinciales,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Servicios penitenciarios tanto federal como
provinciales, y Fuerzas Armadas), alrededor del 40% de las víctimas son menores de edad.

Violencia institucional

Niños, niñas y adolescentes privados de libertad en comisarías:
Las detenciones arbitrarias, los malos tratos a los detenidos, las torturas y las muertes,
resultan acciones de alta frecuencia para las fuerzas de seguridad. Al disponer, tolerar
y/o consentir el alojamiento de niños, niñas y adolescentes en dependencias policiales,
tanto la policía, como el Estado, en tanto actor político responsable de la seguridad de
todas las personas, desarrollan acciones que lindan permanentemente con la ilegalidad.
Los niños son, en algunos casos alojados en lugares no autorizados (comisarías), bajo
condiciones que también incumplen la normativa básica (son alojados con adultos, sin
cupo máximo, etc.). El promedio diario de niño sen estas condiciones es de 100 para la
provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que esta cifra está subestimada. Gran cantidad
de ingresos a estos sitios no son registrados.

Internación de niños, niñas y adolescentes en institutos penales y asistenciales:
Los institutos penales son el ejemplo más paradigmático de violación de garantías
constitucionales: niños, niñas y adolescentes de cualquier edad privados de libertad sin
ninguna condena judicial, se les viola su correspondencia escrita por razones de
“seguridad interna” y se los requisa cuando son semanalmente visitados, igual que a su
familia, sufriendo así vejaciones físicas como psíquicas. A su vez, los institutos
asistenciales hablan de la respuesta estatal hacia las familias con necesidades: separar
a los niños de su familia, de su entorno comunitario y albergarlos en macro institutos.

Pobreza

Los efectos del modelo económico.
La profundización y el establecimiento definitivo del modelo económico neoliberal, en la
década del 90 (iniciado en marzo de 1976) terminó de intensificar fuertes desigualdades
sociales ya existentes. Esto se ve claramente en la evolución del desempleo y la
consecuente escasez de ingresos que éste genera en los grupos familiares. La situación
social de la infancia y la adolescencia ha exhibido, en los 90s, un deterioro sin
precedentes que dejó al descubierto la intensa vulnerabilidad social de este grupo etáreo.
Cifras: En nuestro país hay 12,5 millones de menores de 18 años. El 70% de ellos son
pobres (8.600.000). Es decir, 7 de cada 10 chicos no cubren sus necesid.básicas. Más
de la mitad de los chicos que se encuentran debajo de la línea de pobreza son indigentes
(4.400.000). En los últimos 10 años la pobreza en las regiones más habitadas del país
creció un 128% y todo indica que seguirá creciendo con la devaluación y el desempleo.

Mortalidad infantil.
La tasa es del 16,6 por mil. Entre las principales causas se pueden mencionar afecciones
perinatales y accidentes, pero el 49% de estas se explica por el bajo peso. Por otro lado,
cabe mencionar que en los niños de 1 a 5 años los principales motivos de muerte son
sociales. Esto se ve reflejado en la TMI: niños nacidos vivos de madres que no termi-
naron el primario cuadriplica a los casos de madres que terminaron la secundaria. En el
caso de los niños nacidos de madres adolescentes, la tasa duplica el promedio nacional.