El ataque fue perpetrado presuntamente por el terrateniente de la zona, Darío Amín con la participación de dos ex policías tucumanos Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreira según publicó Página 12. Además, cuatro comuneros sufrieron heridas de bala. El hecho se da en un marco donde se está analizando la propiedad de los pueblos indígenas sobre territorios ancestrales y el comienzo del relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160. Consideramos fundamental que se investigue profundamente lo sucedido y que el Estado provincial garantice la seguridad de las comunidades indígenas.

En la simbólica jornada del lunes 12 de octubre, un integrante de la Comunidad Chuschagasta fue asesinado y otros cuatro sufrieron heridas de bala. El hecho se produjo como brutal respuesta a las acciones legales que está llevando adelante esa comunidad para exigir que se reconozcan terrenos de Chuschagasta como propiedad indígena. La Comunidad acusa de lo sucedido a Darío Amín, reconocido terrateniente de la zona, y a dos ex policías Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreira según publicó Página 12.

En primer lugar, desde andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) consideramos fundamental que la Justicia provincial tome cartas en el asunto y actúe hasta sancionar debidamente a los responsables de estos atroces hechos.

En segundo lugar, queremos dejar en claro que este conflicto no es un simple caso de enfrentamiento entre partes sino que se da en el contexto donde una comunidad indígena está reclamando que se reconozcan sus derechos. Asimismo, recordamos que está vigente la ley 26.160 y en este sentido la responsabilidad de su aplicación recae en exclusiva cabeza del Poder Judicial. Dicha normativa, de orden público, ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los pueblos originarios de su territorio por el término de cuatro años, mientras se realiza un relevamiento territorial.

En esta línea, también hay que destacar que a más de 3 años de sancionada la nueva Constitución local el Poder Legislativo Provincial no reglamentó el art. 149 —sobre los derechos fundamentales de las Comunidades Indígenas— en lo atinente a la problemática territorial.

Justamente, hace unas tres semanas comenzó el relevamiento territorial en Tucumán (que es realizado por la Universidad Nacional de Tucumán, por un convenio firmado con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que vino acompañado de una fuerte ofensiva por parte de sectores terratenientes que, en algunas ocasiones, contaron con el apoyo de jueces provinciales y las fuerzas de seguridad.

En este sentido, cabe destacar que desde que se sucedieron las primeras reuniones informativas con los pueblos indígenas, ya tuvieron lugar tres desalojos —a la Comunidad India Quilmes, a la Comunidad El Nogalito y Comunidad de El Mollar— y varios intentos a otras comunidades más. Este relevamiento territorial servirá para hacer un análisis de la situación de los territorios indígenas, saber cuál es el mapa y poder actuar en consecuencia.

Por eso, desde andhes consideramos esencial que el Estado provincial, en sus tres poderes, garantice la seguridad de los Pueblos Indígenas que hoy sufren amenazas, persecuciones, violencia y desalojos; y asegure además la efectiva aplicación de la ley 26.160 para que se pueda llegar a una solución de raíz, respetando los derechos constitucionales y ancestrales  indígenas.

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