Claves

Inscripto en el decreto ley 22.278, el régimen penal juvenil actual se instauró durante la última dictadura militar.

Dicho régimen no respeta derechos y garantías mínimas que están contemplados en la Constitución Nacional y en compromisos internacionales asumidos por Argentina. Es por lo tanto ilegal.

Desde 2005 al presente diversos bloques legislativos presentaron al menos 11 proyectos para un nuevo régimen penal juvenil, muchos acordes a las leyes y los tratados vigentes. Pasaron cuatro años y ninguno fue considerado en cámara. Varios perdieron estado parlamentario y hoy quedan siete.

En marzo de 2008 el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos creó una comisión para elaborar un proyecto y presentarlo al Congreso. Hasta hoy nada de eso ocurrió. Tanto organismos internacionales como el propio gobierno nacional se han pronunciado a favor de la urgente y necesaria sanción de un nuevo régimen penal juvenil en Argentina.

El 28 de abril de 2009 el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires presentó un proyecto ante la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Según fuentes extraoficiales, el proyecto estipula una baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años (en la actualidad es de 16), y prevé una pena máxima de 7 años para adolescentes de 14 a 16, y un tope de 15 años para los de entre 16 y 18 años.

Marco legal

Argentina adhirió en 1990 a la Convención sobre los Derechos del Niño y en 1994 la incorporó a la Constitución Nacional. Desde entonces la Convención es ley y está incluida en el artículo 75 de la Constitución.

En 2005 se sancionó en Argentina la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Una norma que reafirma lo pautado en la Convención y establece mecanismos específicos para su aplicación.

Régimen ilegal

Por su parte, el régimen penal juvenil actual está vigente desde la última dictadura militar y rige desde 1980. Está regulado e inscripto en el decreto ley 22.278.

Bajo este régimen los adolescentes que resultan imputados por un delito carecen de garantías y derechos mínimos que sí les son aseguradas a los adultos. No interviene un abogado defensor y no hay proceso. El juez dispone del acusado según su propio parecer y sin límites de tiempo.

El actual régimen penal juvenil argentino está así en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño y es, por lo tanto, inconstitucional. Esto es una verdad conocida y reconocida por especialistas, por organismos internacionales y por las propias autoridades del gobierno nacional.

Vergonzosas perpetuas

También contra todas las normas, leyes y tratados, en Argentina se aplicaron 12 condenas a cadena perpetua contra adolescentes por hechos ocurridos cuando eran menores de 18 años. Hoy cinco de ellos llevan más de 12 años presos y siguen cumpliendo esas penas.

Ni el mismo régimen penal juvenil vigente se cumple en Argentina, dado que el mismo no admite castigo ni privación de libertad para chicos y chicas menores de 16 años, y sin embargo en el país hay 298 adolescentes en esa situación. Así lo señala un informe oficial (Adolescentes en el sistema penal – 2008).