La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) presentó el pasado 18 de noviembre el Plan Nacional de Acción por los derechos de niñas, niños y adolescentes, un documento que establece los objetivos y las metas prioritarias del Estado nacional en materia de infancia para el período de 2008 a 2011.

Ante referentes del ámbito social, sindical y político, entre ellos Nora Pulido, del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y representantes de Unicef, del Movimiento Evita, del Frente Transversal, de la Federación Argentina para la Protección de la Infancia y Adolescencia en Riesgo (Fapiar) y de la Federación Argentina de Municipios, la responsable de la Senaf, Paola Vessvessian, hizo un balance de gestión y destacó el “enfoque territorial” que intentan aplicar desde la Secretaría. Al respecto señaló que en las oficinas del organismo ya hubo ocho sesiones del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y que en 2007 se inició la transferencia de fondos a las provincias. Esto último —detalló— se hizo siguiendo cuatro ejes: nueva institucionalidad, fortalecimiento familiar, sistemas alternativos y metodologías de cuidados parentales y protección especial en el tema penal juvenil.

Bajo el título de “Niñas, niños y adolescentes Protagonistas del Bicentenario”, y emanado de un compromiso que asumió el Estado argentino en 2002 con Naciones Unidas, con proyección de acabarlo al año siguiente, el Plan de Acción aparece este año con un considerable atraso. Desde el Colectivo de Derechos de Infancia y otras organizaciones se venía advirtiendo sobre esta deuda y sobre la urgente necesidad de disponer de un plan que funcione como ordenador y rector en el diseño y la aplicación de las políticas públicas.

Si bien, en general, el documento mereció un juicio aprobatorio de los presentes, hubo críticas por lo cerrado y hermético que resultó ser su proceso de elaboración, donde la sociedad civil, a través de las organizaciones, tuvo escasa o nula participación. También se objetó la ausencia de metas o expectativas en materia de educación sexual y reproductiva.

En su elaboración el plan implicó la conformación de una Mesa Interministerial, en el marco de un Consejo Coordinador de Políticas Sociales, y la firma de un convenio entre la Senaf y UNICEF, con el objetivo de otorgarle mayor fortalecimiento. Al final de su intervención Vessvessian le dio la palabra al Coordinador de Programas de Unicef, Ennio Cufino, quien, entre otros temas, reparó en la necesidad de recursos y presupuestos por parte del Estado para hacer viable al plan.

El repaso de los detalles corrió por cuenta de Marisa Graham, quien coordinó en la Senaf el desarrollo del plan. La funcionaria explicó que el documento plantea un objetivo de 35 metas y, tras referir el aumento interanual que experimentó mortalidad infantil en 2007, con un salto de 12,9 a 13,3 muertes por mil nacidos vivos, puntualizó que se busca reducir ese índice a un valor de 10,5.

Entre sus metas el documento plantea disminuir las brechas regionales que se dan en al país en temas de mortalidad infantil y mortalidad materna, universalizar y garantizar 10 años de educación obligatoria, disminuir la brecha en la distribución del ingreso familiar, garantizar la vivienda, el agua potable y extender las redes cloacales, mejorar la nutrición de niños, niñas y adolescentes y consolidar los sistemas de protección de derechos en los niveles nacional, provincial y municipales.

Origen del plan

El 8 de mayo de 2002 unos 70 jefes de Estado del mundo se reunieron en Nueva York para asistir a una Sesión Especial de Naciones Unidas en favor de la Infancia. Se hizo con el objetivo de analizar los progresos alcanzados desde la Cumbre Mundial que se había realizado en 1990 y renovar, mirando al futuro, el compromiso por los derechos de la niñez. La voluntad de los Estados quedó plasmada en un documento que se denominó “Un mundo apropiado para los niños y las niñas”, donde se acordaron las metas y principios a seguir.

“Formularemos o reforzaremos, con carácter urgente, de ser posible para fines de 2003, planes de acción nacionales y, si procede, regionales, con un calendario concreto de objetivos y metas mensurables”, pautaron los Estados, ante una concurrencia de 7.000 participantes con una amplia participación de chicos y de ONGs.