Reclusiones perpetuas a menores de edad

Perspectiva
por Emilio García Méndez.

El sábado 19 de marzo los dos mayores diarios de circulación nacional en Argentina consignan la noticia acerca de la imposición de una sentencia de reclusión perpetua por graves delitos, incluido el homicidio, a un individuo menor de edad al momento de la comisión del hecho. Esta decisión de un tribunal de menores de la Ciudad de Buenos Aires no tiene ningún antecedente en América Latina con excepción de la propia Argentina. Esta última sentencia de reclusión perpetua constituye la número once en el país y la sexta en la Ciudad de Buenos Aires desde 1997.

Ninguna instancia oficial, ni aún un insepulto Consejo Nacional del Menor, asumió ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera por documentar el número de las sentencias y sus contenidos. Fue en una publicación de la Comisión de Infancia del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires apoyada por la oficina de UNICEF en Argentina, donde se publicó el primer registro y alerta sobre una situación flagrante y vergonzosamente violatoria de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene una tan pionera cuanto inútil hasta ahora incorporación implícita y textual a la Constitución Nacional. Conviene destacar que con anterioridad a la publicación del Colegio de Abogados, las diez sentencias de reclusión perpetua a menores de edad no merecieron ni una triste línea en las páginas policiales de los medios impresos de comunicación. Pocos hechos hablan tan claro como este, de un país y sus instituciones. La justicia en este caso.

No es sin amargura e ironía que uno se pregunta si esa justicia que condena a reclusión perpetua a un menor de edad -ignorando que no es la brutalidad de las penas sino la certeza y justicia de su aplicación, tal como lo enseñaba Cesare Beccaria hace 200 años, lo que constituye un disuasivo eficaz de la criminalidad- es la misma que hace pocos días dejó sin efecto por razones "humanitarias" la detención del mayor genocida y ladrón de la historia argentina, el moribundo ex almirante Emilio Massera, uno de los tres comandantes de la más sangrienta dictadura militar de la Región.

Raro país este donde un número significativo de las miserias latinoamericanas aparecen exacerbadas. Raro país este donde un juez de un tribunal penal superior, que se autopromueve y autofinancia publicaciones que lo alaban como defensor de los derechos humanos, abre las puertas a esta monstruosidad estableciendo en su sentencia de alzada que la reclusión perpetua a un menor de edad es concordante con la Convención de los Derechos del Niño y no constituye una pena cruel, inhumana o degradante. Algunos piensan que este juez espera una sentencia a la Tupac Amarú para decretar su incompatibilidad con la Convención.

Raro país este donde sectores que se autoproclaman progresistas o tutelaristas se rasgan las vestiduras frente a los sistemas de responsabilidad penal juvenil que imperan en casi todos los países de América Latina y permanecen callados frente a la brutalidad inédita de estas sentencias o frente al poder discrecional omnímodo de jueces de menores que utilizan el vergonzoso sistema tutelar como una forma de "política social reforzada" para niños y adolescentes pobres.

Raro país este donde la pasada represión ilegal genocida impide hasta hoy articular un discurso serio sobre la racional, legítima y necesaria represión legal a la delincuencia juvenil. En otras palabras impide crear un sistema de responsabilidad penal juvenil.

Raro país este que no trepida en interpelar a sus jóvenes como locos, irresponsables o enemigos y aniquilarlos en consecuencia, pero que tiene terror en interpelarlos como sujetos responsables.

Once reclusiones perpetuas en la Argentina, desde 1997, con base a un decreto de 1980 (22,278) de la dictadura militar, que más de veinte años de democracia no han podido eliminar. Seis reclusiones perpetuas sólo en la "blanca y europea" ciudad de Buenos Aires, donde como en el poema de Juan Gelman habrá que "aprender a resistir. Ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido".

El autor es abogado y profesor en la Universidad de Buenos Aires