La OEA pide informes y soluciones para los chicos privados de libertad

[Audiencia del 6 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]

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El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia presentó el 6 de marzo pasado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en Argentina. Fue durante una audiencia que se llevó a cabo en la sede principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, y en la que estuvieron presentes también funcionarios del Gobierno nacional.

Entre los fundamentos de la denuncia, el Colectivo de Infancia señaló que 9 de cada 10 chicos que están privados de libertad fueron puestos en esa situación por razones sociales o relacionadas con la pobreza . Observó también la existencia de chicos inimputables presos , la vigencia de un régimen penal juvenil que priva a los menores de 18 años de garantías y derechos fundamentales, las graves condiciones de detención que se han detectado en varios establecimientos —que en algunos casos fueron causa de muerte—, y el retraso en casi la mitad de las provincias del país respecto a la adecuación de sus leyes a los estándares que establecen la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.

A propósito de estas denuncias, el Colectivo de Infancia pidió a la Comisión que exigiera al Estado nacional la eliminación de las privaciones de libertad por causas no penales; la adopción de medidas concretas para la aplicación efectiva de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; el uso de la privación de la libertad siempre como último recurso y su no aplicación para chicos inimputables. También plantearon que se aseguren condiciones dignas de detención y pidieron la puesta en práctica de un “sistema efectivo de recolección de información”. La Comisión, por su parte, se hizo eco de éstas peticiones y formuló algunas en la misma audiencia.

Por el Colectivo de Infancia se presentaron Nora Pulido, de la Asociación por los Derechos de la Infancia (Ciudad de Buenos Aires), Gabriel Vitale, de la Asociación Anahí (La Plata, Provincia de Buenos Aires) y Darío Abdala, de ANDHES Tucumán (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Por el Estado Nacional participaron Rodolfo Mattarolo, Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Daniela Vetere, del mismo organismo y Gabriel Lerner, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Por CIDH participaron su Presidente, Florentín Meléndez, y el comisionado Freddy Gutiérrez.

El Colectivo de Infancia no sólo apeló a las organizaciones que lo integran para el recabado de información y la elaboración de su informe. Uno de los fundamentos vertebrales del documento es un relevamiento que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó en 2005 junto a Unicef. Aún cuando no contempla sectores considerables de la población de adolescentes privados de libertad, el informe oficial acusa 19.579 chicos menores de 21 años que están en esa situación; el 87,1 por ciento de ellos por causas asistenciales. En al menos 8 provincias del país ese índice es superior al 90 por ciento, y en 15 jurisdicciones supera el 60.

La amarga espera

Tanto los peticionantes como los representantes del Estado argentino ponderaron la importancia histórica de la Ley 26.061, promulgada en octubre de 2005. En cuanto a la aplicación concreta y efectiva de esta norma, los funcionarios del Gobierno hablaron de un proceso o transición “que no se hace de la noche a la mañana ” y que “reclama tiempo”, según expresiones de Mattarolo. “No es sólo un problema de voluntad política del Estado nacional —observó Lerner—. Hay que remover viejas prácticas que están instaladas no solamente en diferentes niveles estatales sino también en la sociedad civil”. Por su parte, Daniela Vetere resaltó que el informe de la Secretaría reportaba información correspondiente diciembre de 2005. “Los datos que fueron hoy expresados acá son de ese momento, un período en paralelo a la sanción del nuevo régimen, con lo cual no ha sido suficientemente medido el impacto”, evaluó.

“Yo debo reconocer que los tiempos son cortos —dijo Meléndez—, pero de igual manera, por la trascendencia de este tema, en el sistema penal juvenil también los tiempos son cortos para los gobiernos ”. El Presidente de la Comisión expresó preocupación por la situación de los chicos en comisarías y se detuvo en el incendio que en octubre pasado, en una dependencia policial de Orán, Salta, se cobró la vida de cuatro chicos. También se refirió a los más de 17 mil chicos que están privados de libertad por situaciones sociales y condenó lo que definió como “una política de internamiento que no está en proporción, definitivamente, a los estándares internacionales ”. Reclamó además medidas sustitutivas al internamiento, políticas públicas de carácter social y pidió al Gobierno información sobre “las políticas que están pensando implementar para bajar los niveles de internamientos respecto a menores privados de libertad por cuestiones diferentes a los aspectos penales”.

El proceso permanente

El comisionado Freddy Gutiérrez fue aún más allá de la Ley 26.061 y el año de su sanción: “El retrato que se ha hecho hoy es muy distinto al retrato que se pudo haber hecho en la década del 70 o en la del 80, y en ese sentido creo que son avances importantes que es necesario resaltar”, dijo. Nora Pulido adhirió a esta comparación, “pero lamentablemente —repuso— tenemos que decir que en los sistemas cerrados las prácticas punitorias hacia los chicos reflejan, lamentablemente, en muchos aspectos, prácticas que tenían los agentes públicos de aquellas épocas ”.

Mattarolo había dicho, a su turno, que el país atraviesa un cambio de paradigmas, de uno asistencial a uno de derechos. Pulido subrayó la necesidad del trabajo en conjunto para acelerar ese cambio, y evaluó luego que, desde la sanción de la ley 26.061 “hay una mora en las transformaciones. No es que nosotros no podamos esperar, los chicos y las chicas no pueden esperar —puntualizó—. Hay situaciones indignantes que se siguen repitiendo”.

La representante del Colectivo por Ciudad de Buenos Aires —y presidenta de ADI a la vez— recordó la prolongada suspensión que a comienzos de 2005 había interpuesto la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sobre la entonces recientemente sancionada Ley Nº 13.298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, y observó que ese mismo cuerpo judicial puso en vigencia la norma a semanas de la audiencia que pidió el Colectivo de Infancia y que finalmente se produjo el pasado 6 de marzo. En su informe, el Colectivo denuncia la suspensión de leyes de protección (acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño) en las provincias de Tucumán y Córdoba. En la primera, por un veto del gobernador José Jorge Alperovich, y en la segunda por una acordada del Tribunal Supremo local. “Hay mora también agravada por parte de las provincias”, recalcó Pulido.

Reforma pendiente

En su exposición, Darío Abdala recordó que desde 1997 hasta la actualidad “se han aplicado al menos 14 condenas de cadena perpetua contra menores de edad”, y observó que Argentina es el único país latinoamericano que ha incurrido en esta situación, contraria a los tratados vigentes y los compromisos asumidos por el país. En cuanto al régimen penal señaló que “ni siquiera se adecuó el régimen normativo y sigue vigente en la Argentina un decreto ley de la época de la dictadura, que establece un sistema de patronato de menores de neto corte inquisitivo ”. Un sistema —explicó— donde niños, niñas y adolescentes no tienen las garantías básicas del debido proceso .

Daniela Vetere dijo que cuando se iniciaron las discusiones para la reforma normativa del régimen penal juvenil, “nos encontrábamos en medio de demandas de mayor punición, demandas de mano dura y de seguridad en un contexto muy difícil”. Luego insistió en cuanto a que esas demandas siguen existiendo y sostuvo que “es muy difícil consensuar los pisos mínimos que tendrá este régimen”.

Poco después, en su segunda intervención durante la audiencia, el abogado Vitale detalló que en la actualidad existen nueve proyectos sobre nuevo régimen penal juvenil. “Difieren mucho entre ellos —observó—. No en cuanto a pena ni edades, sino en cuanto a su contenido. Sólo algunos de ellos prevén disposiciones acordes con la Convención. Los demás, la mayoría, dos terceras partes nos atreveríamos a decir, repiten la situación irregular que vivimos hoy en día ”.

Entre las acciones que está llevando el Gobierno al respecto, los representantes del Estado dijeron que se está trabajando en un proyecto de ley para la implementación del Protocolo contra la Tortura , algo que, según Meléndez “va a facilitar sin duda alguna la visita de Naciones Unidas para monitorear la situación de las prisiones de adultos y de niños y niñas en Argentina”. Se habló también de 191 programas “que no tienen metodología de institucionalización”, de un relevamiento oficial —realizado durante 2006— sobre programas alternativos a la privación de libertad y de convenios de capacitación entre Unicef y la Secretaría Nacional de Niñez.

De los nuevos organismos que creó la Ley 26.061 Lerner destacó el Consejo Federal de Niñez. Al respecto, hizo hincapié en unas jornadas de trabajo que —según explicó—, convocaron a técnicos y funcionarios de las 24 jurisdicciones del país. “De este evento han salido documentos que están siendo tratados por el Consejo para establecer protocolos mínimos de intervención —aseguró—, que obliguen a todas las jurisdicciones a llevar adelante políticas de desinstitucionalización”. El funcionario ponderó también el acceso a los derechos sociales, económicos y culturales: “Aunque no son objeto principal de esta audiencia, mal podría decirse que la infancia argentina está excluida de estos beneficios del resto de la población, en cuanto a un mayor acceso a los derechos humanos básicos”.

Para terminar, Meléndez elogió la implementación de Consejo Federal que había referido Lerner, remarcó la necesidad de comunicación y cooperación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, exhortó al diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil, reconoció los esfuerzos que hace el país en la materia, solicitó información para un informe sobre personas privadas de libertad en América que está elaborando la Comisión y anunció la realización de un evento sobre “buenas prácticas penitenciarias, que comprenderá a niños, niñas y adolescentes”, a realizarse durante noviembre próximo en la Argentina. “Estaremos presentes en cualquier momento, programado para este año, para darle seguimiento a la situación de menores y adultos privados de libertad en Argentina”, concluyó el Presidente de la CIDH, a poco más de una hora de comenzada la audiencia.

Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
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