Gacetilla de prensa

La imposición de penas prohibidas a menores de edad fue debatida en el marco de una charla-debate, organizada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, el 1º de abril del corriente año, que tuvo como panelistas a la doctoras Stella Maris Martínez, Claudia Cesaroni, Nora Pulido, Clarisa Adem y Marta Mendoza, madre de Lucas, uno de los quince jóvenes que, siendo menores de 18 años en el momento de cometer sus delitos, fueron sentenciados a prisión perpetua, pena que está expresamente prohibida por tratados y convenciones internacionales que protegen los derechos de los chicos y que cuentan con rango constitucional desde 1994.

La doctora Martínez, Defensora Pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denunció la imposición de perpetuas menores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando la Corte le denegó la apelación que interpuso oportunamente. En los otros casos la Corte se negó directamente a estudiar la cuestión. Martínez explicó que la CIDH declaró admisible el caso y le corrió traslado al Estado. Desde hace seis meses se está en el proceso de "solución amistosa" en  el que el Estado está considerando dos peticiones concretas de Martínez: conmutar las condenas a perpetuidad existentes y un proyecto de ley que estipule una pena máxima para menores que cometen delitos graves, tal como existe en toda América Latina, siendo Costa Rica el país que aplica la más severa: 15 años.

Estas dos propuestas se elevaron al Ministerio de Justicia en octubre de 2004, "pero el ministro todavía no tuvo tiempo de contestar - aseguró Martínez - y no lo hace para ganar tiempo para que sea otro gobierno el que pague el costo político, porque esta causa es muy política; con Blumberg marcándolos de cerca, va a ser muy difícil que los legisladores sancionen la ley de penas máximas que pedimos" . Y agregó luego: "Somos conscientes de que los delitos cometidos por estos chicos son graves, pero aún así el Estado se ha comprometido a aplicar una política diferencial más benigna, pero los está tratando como adultos y en el momento de cometer sus delitos no lo eran. Suponemos también que si se conmutaran sus penas los familiares de quienes fueron sus víctimas van a salir a protestar. Más de uno preguntará por los derechos de las víctimas. Por supuesto que los tienen, pero no se los defiende mejor vulnerando los derechos de sus victimarios. Salvo que admitan que los derechos no les importan, que lo que en realidad quieren es una venganza, que está acompañada por el Estado; solo así se podría entender que se quiera una pena que viola los derechos humanos y que esa violación no les importe".

Martínez sostuvo que en esta cuestión "se está mirando demasiado a cierto sector de la opinión pública" y que no hay suficiente esclarecimiento, sobre todo por parte de los legisladores que sancionaron los endurecimientos de las penas, a pesar de que "muchos de ellos son los mismos que sancionaron la Constitución de 1994" . En este aspecto se preguntó : "¿Para qué comprometen internacionalmente al Estado si después no tienen las agallas suficientes para explicarle a la gente de qué se habla cuando se habla de derechos humanos de los chicos?" .

Martínez advirtió finalmente sobre el "canto de sirena de Blumberg: los que estamos en la justicia desde hace mucho tiempo sabemos que todos sus planteos y pedidos no sirven para nada, porque se engaña a la sociedad cuando se le dice que  el delito disminuye cuando se aumentan las penas, ya que solamente van a proceso el 2% de los casos penales, es decir que solo el 2% de los que cometen un delito van a ir presos; entonces de nada vale que a esa pequeña cantidad de personas se le impongan penas más altas."

Por su parte, Claudia Cesaroni, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, informó que el organismo participa del proceso de solución amistosa ya mencionado por la doctora Martínez. Al respecto mencionó que la Secretaría produjo un informe que elevó al ministro de Justicia donde se aconseja conmutar las penas ilegalmente impuestas y sancionar un régimen de responsabilidad penal para menores que esté en consonancia con las convenciones internacionales. Dicho dictamen cuestiona la legitimidad de las penas a perpetua para menores dentro del marco jurídico argentino: "El régimen penal de minoridad -dijo Cesaroni- es una ley promulgada por la dictadura militar en 1980, y desde entonces no ha sido modificado. Ese régimen dice que con los chicos de entre 16 y 18 años que delinquen se pueden hacer tres cosas: absolverlos, condenarlos o aplicarles la pena de la tentativa para el delito de que se trate. La Convención Internacional para los Derechos del Niño dice que las penas de prisión deben aplicarse como último recurso y por el plazo más breve posible. Entonces la menor pena posible es la de la tentativa, que es la que se les debería haber aplicado a estos 15 chicos. Para los delitos que cometieron la tentativa va de 10 a 15 años. Los jueces que los condenaron no tenían la opción sino la obligación de aplicar esta pena".

Por otra parte Cesaroni hizo hincapié en lo nocivo que puede ser recluir a un menor en una cárcel de por vida. "Están en los peores pabellones de las peores cárceles; no tienen los beneficios y derechos de los presos comunes. En la cárcel de Mendoza, también denunciada ante la CIDH por violar los derechos humanos, los condenados a perpetua están encerrados 23 horas al día. No tiene atención psicológica, no pueden estudiar ni trabajar. La perpetua no tiene nada que ver con las ideas de reinserción, de resocialización".

Al tomar la palabra Clarisa Adem, abogada que integra  el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, enfatizó en el hecho de que todos los chicos condenados pasaron por el sistema de Patronato. "Ellos son el producto de este sistema  represivo -dijo- que judicializa la pobreza y revictimiza a los chicos. Este sistema no funciona, debería haber un tratamiento más educativo y menos represivo. Los jueces de menores no han podido sacarse de encima el sesgo represivo y tutelar del Patronato. Están convencidos de que son los padres de los menores que delinquen y como se 'portan mal' tienen la obligación de castigarlos".

Al finalizar el encuentro la doctora Martínez formuló una última reflexión: "Inyectar violencia en una sociedad, aunque sea de manera simbólica, solo trae más violencia. Estas condenas a perpetua son un disparate; un disparate que no les devuelve la vida a los que fueron muertos y que daña definitivamente a un grupo de seres humanos".

Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia