Buenos Aires, 30 de abril de 2007

Contra la mano dura y sus promotores

Ante las amenazas e intimidaciones que en las últimas semanas recibieron los abogados Pablo Gabriel Salinas, Diego Jorge Lavado, Carlos Eduardo Varela Álvarez y Alfredo Guevara Escayola, en la provincia de Mendoza, el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia expresa su solidaridad hacia estos compañeros y quiere destacar la importantísima labor que desde hace años llevan adelante en la defensa de los derechos humanos y contra diferentes modos de abuso, tortura y violación que ocurren en la actualidad, en algunos casos con el Estado como principal responsable.

Aún después de haber visto y lamentado en otras oportunidades contundentes manifestaciones de intolerancia, impulsadas por la idea de la “mano dura” y provenientes tanto desde la función pública como desde el sector privado y la sociedad civil, esta organización no oculta su asombro ante el modo perverso con que se intenta responsabilizar a abogados defensores de derechos humanos por una supuesta inacción ante el crimen de Laura Abonassar, ocurrido el pasado 14 de abril en la localidad mendocina de Godoy Cruz.

Esta absurda maquinación, que derivó en intimidaciones contra los letrados, con pintadas en la fachada de sus oficinas, amenazas y una inteligente operación de prensa, fue cuidadosamente elaborada por algunos medios locales, como Diario Uno y radio Nihuil, quienes supieron sacar provecho de la situación para descalificarlos y promover la idea de “mano dura” entre lectores y oyentes. Frente al manto de confusión que bien se ha sabido echar sobre estos acontecimientos, resulta necesario hacer algunas observaciones:

• El único responsable por la seguridad de los ciudadanos es el Estado.

• Si el Estado no actúa sobre la exclusión social y la desigualdad, y si se limita a reprimir en lugar de aplicar políticas públicas que tiendan a la equidad, será imposible lograr un ámbito social libre de la violencia.

• Con una justicia y un sistema penitenciario colapsado, el aparato represivo resulta obsoleto e ineficaz. Y si entre los presuntos métodos de reinserción se aplican la tortura y otras violaciones de derechos humanos, pues entonces el propio Estado es, además de violador de los DD HH, generador de mayor violencia.

• Aunque pasaron más de 20 años desde su fin, la dictadura, en las cárceles argentinas, sigue presente. Con torturas, hacinamiento y más del 60 por ciento de los presos sin condena, se pretende reinsertar a los delincuentes.

• Si el mismo garante de la seguridad de los ciudadanos resulta, a través de las fuerzas de seguridad, un violador de las leyes, matando y torturando a presos, reteniéndolos sin condena firme o encarcelando a inocentes, la impunidad es total y la responsabilidad pesa doblemente.

• Se acusa a Salinas, Lavado, Varela Álvarez y Guevara Escayola de no estar presentes donde el Estado lleva años ausente, y en un ámbito que es estrictamente de su competencia.

• Las campañas de prensa y las intimidaciones contra estos abogados son engranajes de un mecanismo que fomenta la exclusión, criminaliza la pobreza y procura lavar la responsabilidad que le cabe el Estado, tanto por la vida y la integridad de los ciudadanos libres como la de aquellos que están presos, por su real o su presunta culpa.

• Exigimos al Gobierno de la Provincia de Mendoza una pronta condena a los ataques recibidos por nuestros compañeros abogados, tanto de la prensa como anónimos, garantice su libertad y su integridad física y someta a proceso a los autores de las amenazas e intimidaciones dirigidas hacia ellos recientemente.

• Reivindicamos la labor de nuestros compañeros, dirigida a un sistema justo, inclusivo y democrático.