Sobre la situación de violación de derechos de los niños internados en el Instituto 'asistencial' Borchez

Reunión de representantes del Colectivo
con la secretaria de Gestión y Articulación Insitucional
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
Marcela P. Vessvessian

Buenos Aires, 1 de Julio 2004

El 25 de junio, representantes del Colectivo de Derechos de infancia y adolescencia mantuvimos una entrevista en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con Marcela Paola Vessvessian, secretaria de Gestión y Articulación Institucional, en virtud de la denuncia que presentamos a la ministra Alicia Kirchner el día 2 de junio del corriente año, por la situación de violación de derechos de los niños internados en el Instituto 'asistencial' Borchez , por las condiciones violentas de encierro en la que se encuentran. Al día de la fecha no tomaron ninguna medida administrativa ni judicial con los guardias de seguridad implicados, ni tampoco medidas evaluativas y de asistencia sobre el estado de salud y general de los niños institucionalizados.

La funcionaria, tras afirmar que la Política de Niñez debe ser una política directriz, aseguró que ellos van a hacer el proceso de descentralización y que están trabajando en fortalecimiento familiar puesto que se oponen a la institucionalización por problemas sociales. En ese sentido afirmó que desde este ministerio se está trabajando en el Plan Familias y que se intenta que el mismo sea un programa transversal. Sin embargo, ante el requerimiento de que nos cuente en qué consiste dicho Plan, no logró dar precisiones de cómo y cuándo piensan ponerlo en ejecución, ni cuáles son las medidas específicas para infancia y adolescencia.

Luego, se sumó a la mesa, convocada por el Ministerio, Mónica Fernández, Directora Nacional de Planificación y Articulación de Políticas de Infancia y Adolescencia del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Fernández hizo apreciaciones generales en cuanto a que se debían definir Políticas Nacionales de Niñez que respondan a nuestra realidad, que este sistema colapsó. Están convencidos en no institucionalizar a los niños, pero no dio respuestas a la situación actual del Borchez, ni de ningún otro instituto.

Además afirmó que así como no se debía avasallar los Derechos Humanos de los Niños, tampoco se debía avasallar los Derechos Humanos de los trabajadores del Consejo.

Ante estas respuestas el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia rechaza esta jerarquía de superioridad de los derechos laborales de los trabajadores del Consejo por encima de los Derechos Humanos de los niños. No puede esgrimirse bajo ningún concepto que los derechos laborales de un grupo (celadores adultos) puedan avanzar sobre los Derechos Humanos de otro grupo (niños institucionalizados), mucho menos si este último no tiene las mismas ventajas de voz y defensa que el primero.

La discusión se alzó aún más   cuando Fernández puso en duda la nota de denuncia de la revista TXT.

Es de público conocimiento la seriedad y profesionalidad del autor de la nota, Cristian Alarcón. Asimismo sabemos de la veracidad de los hechos denunciados por haber acompañado a los padres de uno de los niños internados en dicha institución a fin de que reciba atención jurídica (derecho reconocido en la Constitución Nacional) para lograr su libertad, ya que a raíz de la denuncia sufría amenazas y golpes en dicho instituto.

Ante esta situación el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia  pregunta:

¿las autoridades responsables (del instituto, sus trabajadores y de los niños institucionalizados) averiguaron la veracidad de la nota ?.

¿Tomaron contacto con los niños, relevaron sus testimonios, evaluaron médica y psíquicamente a estos niños de quienes se sospecha han sido víctimas de maltrato en el instituto Borchez?

¿Qué posición asume este Ministerio frente a esta situación de “violación de derechos”, siendo que es el mismo Estado el que institucionaliza a los niños para "protegerlos"?

¿Qué sanciones tomaron con los adultos violadores de derechos y con los superiores responsables de éstos?

¿Qué medidas se elaboraron para prevenir que esta situación no se repita?

Por último, reclamamos a este Ministerio que asuma una posición clara que avale el respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño y conteste en forma urgente nuestros interrogantes ya que están en juego los Derechos Humanos de la población infantil.

Finalmente consideramos que debe ser  inminente la reforma jurídica de las leyes de infancia y adolescencia, derogando la Ley de Patronato y toda otra forma de tutela o protección de persona, dando fin al Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que sigue las directivas tutelares que estas viejas normas imponen.